Derechos de Propiedad
Constitución cubana de 1976
El artículo 22 de la Constitución cubana enumera estos derechos adicionales:
Se garantiza la propiedad personal sobre los ingresos y ahorros procedentes del trabajo propio, sobre la vivienda que se posea con junto título de dominio y los demás bienes y objetos que sirven para la satisfacción de las necesidades materiales y culturales de la persona.
Ásimismo este artículo también reconoce la propiedad sobre la vivienda habitada por su dueño, pero al igual que la tierra, la vivienda no puede ser arrendada, hipotecara o gravada y sólo puede ser heredada por un heredero que no tenga vivienda propia.
En la década del 60 el Estado promovió la adquisición de la vivienda mediante el pago al Estado del arriendo convertido en amortización- por un período de 10 años. Sin embargo, a principios de la década del 70 se decidio posponer indefinidamente la adquisición del derecho de propiedad de la vivienda por razones ideológicas y económicas, y los que las habitaban se han convertido en arrendatarios permanentes.
Desde hace varias décadas la actividad inmobiliaria para el cubano que posee una vivienda, incluye la posibilidad de permutarla legalmente por otra. También es posible ofrecer una vivienda y obtener dos viviendas separadas, siempre que en conjunto ambas tengan un valor similar a la vivienda que se ofrece. Dada esta posibilidad, no son pocos en Cuba los que han soñado con encontrar la permuta ideal.
En Cuba, permutar significa intercambiar viviendas. Permutar es la manera "legal" de buscar -individualmente- una solución transitoria a la acuciante necesidad de vivienda.
El déficit de viviendas en Cuba se acrecienta -como un fenómeno popular generacional- en proporción a la agresividad con que el Estado ha restringido o eliminado las posibilidades tradicionales para construir o adquirir un hogar propio (comprar, vender, alquilar, heredar, ceder una casa). En Cuba la compra-venta de casas está prohibida en la actualidad.
Una de las causas que exacerban la crisis habitacional es la depauperación de la infraestructura arquitectónica, como consecuencia de una ineficiente política del Estado respecto al mantenimiento de las edificaciones que existían al triunfo de la revolución.
Concertar una permuta es un proceso complejo, tanto en la teoría como en la práctica. En las permutas pueden participar hasta tres núcleos familiares -más de tres es ilegal- interesados uno en la vivienda del otro. Cuando son tres los involucrados se le llama triple permuta.
Tampoco se permite hacer permutas en las cuales las viviendas sean desproporcionadas en cuanto al tamaño o al número de habitantes.
Las permutas se consuman, en la mayoría de los casos, con intervención de personas que informan y coordinan este negocio -al margen de la ley- a quienes se conoce popularmente como corredores.
Las permutas se rigen por estrictas medidas que emanan de las instituciones estatales: el Instituto de Planificación Física (IPF), la Dirección Nacional de la Vivienda (DNV) y las Direcciones Provinciales y Municipales de la Vivienda (DPV y DMV); dentro de las cuales engranan, en mayor o menor grado, los vicios de la inoperancia y la corrupción.
Cualquier ciudadano que aquí pretenda tener una casa más amplia, en una mejor posición geográfica o, en cambio, perder condiciones domésticas a cambio de dinero, o simplemente quien quiera mudarse, sabe que el camino más corto para resolver el problema es el soborno y la dádiva.
La serie fotográfica 1m2 Cuba se realizó en el periodo de mayo a agosto de 2007. Las fotografías fueron tomadas en los muncipios de Centro Habana, Vedado, Playa y Guanabacoa y para su realización se visitaron un total de 20 viviendas donde residían ciudadanos de nacionalidad cubana. Todos los fotografiados posaron desinteresadamente y en estricto anonimato. Durante el desarrollo del proyecto se decidió eliminar la acción de escribir la leyenda dentro del cuadrado: “1m2 for Cuba, from Cuba, at Cuba” ante la dificultad que ello supuso para encontrar participantes que quisiesen colaborar en el proyecto por temor a ser denunciados por los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).